El magistrado Eloy Hernández, titular del Juzgado de lo Social Número 2 de Cádiz, ha declarado nulo el despido de Paloma Gil, telefonista del Consorcio Provincial de Bomberos. La trabajadora, de 50 años, sufre una minusvalía del 46% y su nómina era clave en una familia de dos hijos (uno en paro y el otro estudiando), por lo que el despido la había dejado en una delicada situación económica.
La sentencia anula del despido de Paloma Gil, contratada como telefonista por Qualytel Teleservices, empresa que presta servicios para el Consorcio de Bomberos de Cádiz, integrado por la Diputación y los ayuntamientos gaditanos.
Según el fallo, Paloma Gil se incorporó a su puesto el 1 de abril de 2001 y no fue hasta las elecciones sindicales de 2012 cuando comenzó a ejercer su acción laboral en defensa de la plantilla, integrada por quince personas, aunque como delegado por CSIF fue elegido otro compañero suyo, Manuel García Tizón, por lo que carecía de representación.
Grabación
En el auto del juez se relata que la empresa, según una grabación que hizo del despido, la echó porque Qualytel no podía “estar todo el día apareciendo en prensa o con denuncias en Inspección de Trabajo” y que prescindían de ella “por lo que llevamos visto en los últimos tiempos y que tú no estás a gusto en la empresa”.
La trabajadora lo negó reprochando a la empresa que la despedían por ser “secretaria sindical de CSIF”, a lo que el representante de la misma le propuso declarar “improcedente” el despido “y conciliaremos contigo en 22.400 euros en el acto de conciliación”. Cuestión a la que la trabajadora se negó.
El juez afirma que en su conducta laboral como telefonista “no hubo desobediencia grave, ni réplica a nadie ni perjuicio notorio, ni ha venido discutiendo, ni ha dejado de resolver conflictos, ni ha dejado de participar en mejoras operativas y procedimientos, ni han existido repercusiones para la empresa ni trabajadores, ni tiene cargo especial” (en CSIF).
Es más el magistrado alude a una actuación de Paloma Gil, ante una grave emergencia de bomberos, que lejos de un “incumplimiento” de sus deberes, considera como “una demostración de profesionalidad, diligencia y eficacia”.
El magistrado fundamenta su fallo de despido nulo en que la empresa Qualytel no ha podido probar negligencia alguna en la conducta de la telefonista y menos aún “causa empresarial” que justifique prescindir de ella, salvo “limitar, restringir o impedir más denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la Prensa”.
Por ello el juez declara nulo su despido y ordena su inmediata readmisión en su puesto de trabajo con alta en la Seguridad Social desde el día 15 del pasado mes de junio con el percibo del salario que ha dejado de ingresar desde entonces, 7.949 euros. El magistrado advierte a la empresa que si recurre “debe consignar los salarios” que debe seguir abonándole mientras dure el recurso.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra públicamente la sentencia por la que se obliga a la empresa Qualytel a readmitir a la trabajadora despedida el pasado mes de junio de la sala del 085 de emergencias de Bomberos de la provincia de Cádiz.
Con esta sentencia se demuestra que, por un lado, la empresa Qualytel, que trabaja para una institución pública como es el Consorcio provincial de Bomberos, vulneraba derechos fundamentales de la trabajadora al despedirla por ejercer su labor sindical y denunciar irregularidades; y por otro lado, que el Consorcio, con el beneplácito de la Diputación provincial (entidad de la que dependen los bomberos), ha preferido no hacer caso de las denuncias que realizaba la afectada, como delegada de CSIF, y sí aceptar los motivos inventados por la empresa para proceder a su despido.
Desde junio, tanto compañeros de la sala del 085 como delegados de este sindicato, insistieron públicamente en pedir la inmediata readmisión de una trabajadora ejemplar que había desarrollado de manera excepcional su labor durante 12 años en el servicio. Para CSIF, los motivos expuestos por la empresa era totalmente inventados, herían la dignidad de la trabajadora y solo querían amedrentar a los delegados sindicales que se atreven a denunciar las constantes irregularidades que se cometen en un servicio público tan importante y crucial para la seguridad de todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz.
Pronunciamiento
CSIF quisiera que tanto el Consorcio de Bomberos, como la Diputación provincial, “se pronunciaran al respecto y aceptaran cuanto antes su error de haber defendido ciegamente a la empresa que gestiona el 085 y no creer a la trabajadora despedida.
De hecho, CSIF confía en que el Consorcio de Bomberos rescinda el contrato con la empresa Qualytel, tal y como se comprometió la entidad en el caso de que fuera considerado nulo el despido de la compañera.
Asimismo, CSIF espera que el presidente de Diputación, José Loaiza, tome medidas contra el presidente del Consorcio de Bomberos, Fernando García Navarro, para que ponga coto a los constantes desmanes que ocurren en esta administración pública.
Para la central sindical es lamentable y totalmente censurable el que organismos públicos funcionen con los ojos cerrados, dejando que empresas privadas, que cuestan mucho dinero al contribuyente por los servicios públicos que prestan, actúen con total impunidad y falta de respeto hacia el ciudadano.
La sentencia anula del despido de Paloma Gil, contratada como telefonista por Qualytel Teleservices, empresa que presta servicios para el Consorcio de Bomberos de Cádiz, integrado por la Diputación y los ayuntamientos gaditanos.
Según el fallo, Paloma Gil se incorporó a su puesto el 1 de abril de 2001 y no fue hasta las elecciones sindicales de 2012 cuando comenzó a ejercer su acción laboral en defensa de la plantilla, integrada por quince personas, aunque como delegado por CSIF fue elegido otro compañero suyo, Manuel García Tizón, por lo que carecía de representación.
Grabación
En el auto del juez se relata que la empresa, según una grabación que hizo del despido, la echó porque Qualytel no podía “estar todo el día apareciendo en prensa o con denuncias en Inspección de Trabajo” y que prescindían de ella “por lo que llevamos visto en los últimos tiempos y que tú no estás a gusto en la empresa”.
La trabajadora lo negó reprochando a la empresa que la despedían por ser “secretaria sindical de CSIF”, a lo que el representante de la misma le propuso declarar “improcedente” el despido “y conciliaremos contigo en 22.400 euros en el acto de conciliación”. Cuestión a la que la trabajadora se negó.
El juez afirma que en su conducta laboral como telefonista “no hubo desobediencia grave, ni réplica a nadie ni perjuicio notorio, ni ha venido discutiendo, ni ha dejado de resolver conflictos, ni ha dejado de participar en mejoras operativas y procedimientos, ni han existido repercusiones para la empresa ni trabajadores, ni tiene cargo especial” (en CSIF).
Es más el magistrado alude a una actuación de Paloma Gil, ante una grave emergencia de bomberos, que lejos de un “incumplimiento” de sus deberes, considera como “una demostración de profesionalidad, diligencia y eficacia”.
El magistrado fundamenta su fallo de despido nulo en que la empresa Qualytel no ha podido probar negligencia alguna en la conducta de la telefonista y menos aún “causa empresarial” que justifique prescindir de ella, salvo “limitar, restringir o impedir más denuncias ante la Inspección de Trabajo y ante la Prensa”.
Por ello el juez declara nulo su despido y ordena su inmediata readmisión en su puesto de trabajo con alta en la Seguridad Social desde el día 15 del pasado mes de junio con el percibo del salario que ha dejado de ingresar desde entonces, 7.949 euros. El magistrado advierte a la empresa que si recurre “debe consignar los salarios” que debe seguir abonándole mientras dure el recurso.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra públicamente la sentencia por la que se obliga a la empresa Qualytel a readmitir a la trabajadora despedida el pasado mes de junio de la sala del 085 de emergencias de Bomberos de la provincia de Cádiz.
Con esta sentencia se demuestra que, por un lado, la empresa Qualytel, que trabaja para una institución pública como es el Consorcio provincial de Bomberos, vulneraba derechos fundamentales de la trabajadora al despedirla por ejercer su labor sindical y denunciar irregularidades; y por otro lado, que el Consorcio, con el beneplácito de la Diputación provincial (entidad de la que dependen los bomberos), ha preferido no hacer caso de las denuncias que realizaba la afectada, como delegada de CSIF, y sí aceptar los motivos inventados por la empresa para proceder a su despido.
Desde junio, tanto compañeros de la sala del 085 como delegados de este sindicato, insistieron públicamente en pedir la inmediata readmisión de una trabajadora ejemplar que había desarrollado de manera excepcional su labor durante 12 años en el servicio. Para CSIF, los motivos expuestos por la empresa era totalmente inventados, herían la dignidad de la trabajadora y solo querían amedrentar a los delegados sindicales que se atreven a denunciar las constantes irregularidades que se cometen en un servicio público tan importante y crucial para la seguridad de todos los ciudadanos de la provincia de Cádiz.
Pronunciamiento
CSIF quisiera que tanto el Consorcio de Bomberos, como la Diputación provincial, “se pronunciaran al respecto y aceptaran cuanto antes su error de haber defendido ciegamente a la empresa que gestiona el 085 y no creer a la trabajadora despedida.
De hecho, CSIF confía en que el Consorcio de Bomberos rescinda el contrato con la empresa Qualytel, tal y como se comprometió la entidad en el caso de que fuera considerado nulo el despido de la compañera.
Asimismo, CSIF espera que el presidente de Diputación, José Loaiza, tome medidas contra el presidente del Consorcio de Bomberos, Fernando García Navarro, para que ponga coto a los constantes desmanes que ocurren en esta administración pública.
Para la central sindical es lamentable y totalmente censurable el que organismos públicos funcionen con los ojos cerrados, dejando que empresas privadas, que cuestan mucho dinero al contribuyente por los servicios públicos que prestan, actúen con total impunidad y falta de respeto hacia el ciudadano.
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